Los temores que expresaron algunos gremios bonaerenses que salieron en los últimos días a pedir que se reabra la discusión salarial, se terminaron confirmando. El acuerdo que firmaron en paritarias los sindicatos estatales y docentes ya empezó a quedar por debajo de la inflación, luego de que el Indec difundiera el índice de marzo que marcó la friolera del 7,7 por ciento.
Entre fines de febrero y principios de marzo, los sindicatos firmaron acuerdos con la administración de Axel Kicillof en torno del 40 por ciento para los primeros siete meses del año. El dato clave está en el primer tramo de las tres cuotas pautadas.
La mejora es del 20% en marzo, 6% en mayo y 14% en julio, totalizando un 40% en los primeros siete meses del año. También, como parte del acuerdo se incluyó una cláusula de revisión en mayo y el compromiso del gobierno provincial de reabrir la negociación en agosto.
La primera parte del aumento se pagó. Y ese 20 por ciento ya quedó por debajo de la inflación acumulada en el primer trimestre del año. Es que, en efecto, de acuerdo a los datos oficiales suministrados por el INDEC, la inflación en ese mismo período trepó al 21,7 por ciento. Si se toma el acumulado en el Gran Buenos Aires es aún mayor: 21,9 por ciento.
Claro que esa pérdida salarial será mayor siempre y cuando la Provincia no adelante el proceso de revisión salarial que se estableció en la negociación. Es que la segunda cuota del aumento del 6 por ciento prevista para mayo empieza a quedar “lejos”. Para cuando se pague, con los sueldos de ese mes que se perciben en los primeros días de junio, la erosión en los ingresos de los estatales será aún más fuerte.
En las últimas horas los gremios nucleados en la Fegeppba enviaron una carta al ministerio de Trabajo para que se adelante la discusión salarial. También, que se analice que la última cuota de la mejora prevista para julio se pague junto con la de mayo.
El proceso inflacionario viene poniendo en jaque la intención del gobierno de Kicillof de que los salarios no pierdan contra la inflación. El año pasado, con la corrección final de diciembre, esa premisa se logró.
Pero este año ese objetivo político se hace aún más imperioso en medio de las necesidades electorales del oficialismo, más aún si el propio Kicillof, como se presume, será el candidato a gobernador del Frente de Todos.
La disparada inflacionaria rompió todas las proyecciones. El ministro de Economía Sergio Massa estimó en el Presupuesto un aumento del costo de vida del 60 por ciento para todo 2023, pero esa proyección ya quedó prácticamente pulverizada. De hecho, las consultoras privadas estiman que la inflación hacia el final de este año no bajará del 110 por ciento.
En ese contexto, uno de los aspectos que más preocupa es la suba en alimentos que se ubicó por encima del promedio de marzo: 9,3 por ciento.
“El 9,3% tiene que ver también con el rol de los formadores de precios. Con el programa de Precios Justos establecimos un sistema de acuerdos, en donde invitamos a los formadores de precios a que sean parte de la solución y no parte del problema”, dijo el secretario de Comercio, Matías Tombolini. “Estamos viendo que el cumplimiento en los hipermercados es correcto, pero en los comercios de cercanía -allí donde transita más del 60% del consumo de nuestros compatriotas- incumplen”, detalló.
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